Las agencias de aplicación de la ley comenzaron a realizar evaluaciones preliminares de seguridad, dijeron el viernes cinco altos funcionarios familiarizados con las discusiones, para discutir posibles planes de seguridad dentro y alrededor del Tribunal Penal de Manhattan en 100 Center Street.

Cualquier plan incluiría seguridad perimetral alrededor del juzgado y varios cientos de oficiales adicionales disponibles para ayudar a manejar cualquier posible protesta en lugares de la ciudad.

Los funcionarios enfatizan que las conversaciones y la planificación interinstitucional son de carácter precautorio porque no se han presentado cargos. Las agencias involucradas incluyen la Policía de Nueva York, los oficiales de la corte del estado de Nueva York, el Servicio Secreto de EE. UU., la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI y la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, dicen las autoridades.

Se espera que el lunes se lleve a cabo una reunión de seguridad entre las agencias en previsión de una posible acusación dictada en los próximos días.

Nuestra cadena hermana NBC News se comunicó con todas esas agencias para hacer comentarios, y todas se han negado a decir algo.

En un correo electrónico interno después de las declaraciones de Trump, Bragg dijo que las fuerzas del orden se asegurarían de que las 1,600 personas que trabajan en su oficina permanecieran seguras y que se investigaría “cualquier amenaza específica o creíble”.

“No toleramos los intentos de intimidar a nuestra oficina o amenazar el estado de derecho en Nueva York”, escribió, y agregó: “Mientras tanto, al igual que con todas nuestras investigaciones, continuaremos aplicando la ley de manera equitativa y justa y hablar públicamente solo cuando sea apropiado”.

No ha habido ningún anuncio público de ningún plazo para el trabajo secreto del gran jurado en el caso. Se espera que testifique al menos un testigo adicional, lo que indica además que aún no se ha votado para acusar, según una persona familiarizada con la investigación que no estaba autorizada para discutir públicamente el caso y habló bajo condición de anonimato.

Eso no impidió que Trump recurriera a su plataforma de redes sociales para decir que “filtraciones ilegales” de la oficina de Bragg indican que “EL LÍDER CANDIDATO REPUBLICANO Y EXPRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SERÁ ARRESTADO EL MARTES DE LA PRÓXIMA SEMANA”.

Una abogada de Trump, Susan Necheles, dijo que la publicación de Trump estaba “basada en los informes de los medios”, y un portavoz dijo que “no hubo notificación” de la oficina de Bragg, aunque el origen de la referencia de Trump el martes no estaba claro. La oficina del fiscal de distrito se negó a comentar.

Los ayudantes y el equipo legal de Trump se han estado preparando para la posibilidad de una acusación. Si eso sucediera, sería arrestado solo si se niega a entregarse. Los abogados de Trump dijeron anteriormente que seguiría el procedimiento normal, lo que significa que probablemente aceptaría entregarse en una comisaría del Departamento de Policía de Nueva York o directamente en la oficina de Bragg.

No está claro si los partidarios de Trump prestarían atención a su llamado a protestar o si conserva el mismo poder de persuasión que tuvo como presidente. Las publicaciones de Trump en Truth Social generalmente reciben mucha menos atención de la que solía recibir en Twitter, pero mantiene una base profundamente leal. Las secuelas de los disturbios del 6 de enero, en los que cientos de seguidores deTrump fueron arrestados y procesados en un tribunal federal, también pueden haber apagado la pasión de los partidarios por la confrontación.

La acusación de Trump, de 76 años, sería un avance extraordinario después de años de investigaciones sobre sus tratos comerciales, políticos y personales.

Incluso mientras Trump continúa con su última campaña en la Casa Blanca - su primer mitin está programado para Waco, Texas, a fines de este mes y estrechó la mano y se tomó selfies con los fanáticos durante una aparición pública el sábado por la noche en los campeonatos de lucha libre de la División I de la NCAA en Tulsa, Oklahoma - no hay duda de que una acusación sería una distracción y alimentaría a los opositores y críticos cansados ​​de los escándalos legales que lo han envuelto durante mucho tiempo.

Además de la investigación de dinero secreto en Nueva York, Trump enfrenta investigaciones criminales separadas en Atlanta y Washington por sus esfuerzos para deshacer los resultados de las elecciones de 2020.

Un abogado especial del Departamento de Justicia también ha estado presentando evidencia ante un gran jurado que investiga la posesión de cientos de documentos clasificados por parte de Trump en su patrimonio de Florida. No está claro cuándo terminarán esas investigaciones o si podrían resultar en cargos penales, pero continuarán independientemente de lo que suceda en Nueva York, lo que subraya la gravedad actual, y el amplio alcance geográfico, de los desafíos legales que enfrenta el expresidente.

La publicación de Trump del sábado se hace eco de una que hizo el verano pasado cuando dio la noticia en Truth Social de que el FBI estaba registrando su casa en Florida como parte de una investigación sobre el posible mal manejo de documentos clasificados.

La noticia de esa búsqueda provocó una avalancha de contribuciones a la operación política de Trump, y el sábado, Trump envió una serie de correos electrónicos de recaudación de fondos a sus seguidores, incluido uno que decía: “No estoy preocupado en lo más mínimo”.

Después de su publicación, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, denunció cualquier plan para enjuiciar a Trump como un “abuso de poder escandaloso por parte de un fiscal de distrito radical” que, según él, perseguía una “venganza política”. La representante Elise Stefanik, la republicana de la Cámara de Representantes en tercer lugar, emitió un comunicado con un sentimiento similar.

El gran jurado ha estado escuchando a los testigos, incluido el exabogado de Trump, Michael Cohen, quien dice que orquestó pagos en 2016 a dos mujeres para silenciarlas sobre los encuentros sexuales que dijeron haber tenido con Trump una década antes.

Trump niega que ocurrieran los encuentros, dice que no hizo nada malo y ha presentado la investigación como una "cacería de brujas" por parte de un fiscal demócrata empeñado en sabotear la campaña republicana de 2024. Trump también calificó a Bragg, que es negro, de “racista” y acusó al fiscal de permitir que el crimen en la ciudad se descontrolara mientras él se concentraba en Trump. Nueva York sigue siendo una de las ciudades más seguras del país.

Aparentemente, la oficina de Bragg ha estado examinando si se violaron leyes estatales en relación con los pagos o la forma en que la compañía de Trump compensó a Cohen por su trabajo para mantener en silencio las acusaciones de las mujeres.

La actriz porno Stormy Daniels y al menos dos exasesoras de Trump, la exasesora política Kellyanne Conway y la exvocera Hope Hicks, se encuentran entre los testigos que se han reunido con los fiscales en las últimas semanas.

Cohen ha dicho que bajo la dirección de Trump, arregló pagos por un total de $280,000 a Daniels y a la modelo de Playboy Karen McDougal. Según Cohen, los pagos fueron para comprar su silencio sobre Trump, quien estaba en medio de su primera campaña presidencial.

Cohen y los fiscales federales dijeron que la compañía de Trump le pagó $420,000 como reembolso por el pago de $130,000 a Daniels y para cubrir bonos y otros supuestos gastos. La empresa clasificó esos pagos internamente como gastos legales. El pago de $150,000 a McDougal fue realizado por el entonces editor del tabloide de supermercado National Enquirer, lo que evitó que su historia saliera a la luz.

Los fiscales federales acordaron no enjuiciar a la matriz corporativa del Enquirer a cambio de su cooperación en una investigación de financiamiento de campaña que condujo a cargos contra Cohen en 2018. Los fiscales dijeron que los pagos a Daniels y McDougal equivalían a obsequios no permitidos y no registrados para el esfuerzo electoral de Trump.

Cohen se declaró culpable, cumplió condena en prisión y fue inhabilitado. Los fiscales federales nunca acusaron a Trump de ningún delito.