El gobernador Brian Kemp firmó una ley el miércoles que exige que las agencias policiales de Georgia notifiquen a las autoridades federales cuando se arresta a inmigrantes indocumentados.

HB 1105 crea una nueva ley de inmigración que resultará en que los gobiernos locales pierdan fondos estatales y que los agentes del orden y los funcionarios locales sean acusados ​​de un delito menor por ignorar las leyes santuario. El catalizador de la nueva ley se produjo después del arresto del inmigrante venezolano José Ibarra, quien según las autoridades ingresó ilegalmente al país, acusado de asesinar al estudiante de enfermería Laken Riley, de 22 años, quien fue asesinado el 22 de febrero mientras hacía jogging en una Pista para correr de la Universidad de Georgia.

La nueva ley, que exige que las fuerzas del orden verifiquen el estatus migratorio de los detenidos, se incluyó en un paquete de proyectos de ley de justicia penal firmados por Kemp en el Centro de Capacitación en Seguridad Pública de Georgia en el condado de Monroe.

El gobernador republicano también firmó el miércoles una controvertida ley que añade 30 cargos penales más que exigen una fianza en efectivo para la liberación y crea nuevas restricciones a las organizaciones benéficas que reciben donaciones para sacar a las personas de la cárcel.

Kemp dijo que la HB 1105, que exige que la policía local y estatal identifique, arreste y detenga a personas indocumentadas, se convirtió en una prioridad del liderazgo legislativo republicano tras la “muerte sin sentido” de Riley.

No hacer cumplir la ley podría dar lugar a recortes de la ayuda federal administrada por los estados de los presupuestos de los gobiernos locales, y los funcionarios o empleados locales que violen la ley podrían ser condenados por delitos menores.

“La administración Biden no ha cumplido con su deber de asegurar nuestra frontera sur y, como resultado, no sabemos quién ha entrado a nuestro país ni hacia dónde se dirige”, dijo Kemp. "Pero en Georgia haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que no se permita a los delincuentes andar libres y aterrorizar a las comunidades".

Republicanos y demócratas estaban enfrentados en marzo, cerca del final de la sesión legislativa de 2024, sobre la política de inmigración. Los legisladores demócratas cuestionan la necesidad de imponer penas más severas bajo una ley santuario de 2009 que ya hacía ilegal que la policía y los funcionarios retuvieran información sobre el estatus migratorio a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Los críticos acusan a los legisladores republicanos de demonizar injustamente a la población hispana de Georgia, que contribuye a la economía del estado mientras cría familias y paga impuestos.

La mayoría de las reglas de la HB 1105 entraron en vigor el miércoles con la firma del gobernador. Dentro de varios meses, el Departamento Correccional de Georgia y los centros de detención locales deberán publicar informes que rastreen a los inmigrantes indocumentados.

A partir del 1 de enero, los supervisores de las cárceles del condado y los centros de detención municipales deben publicar informes trimestrales que den cuenta de los reclusos nacidos en el extranjero encarcelados.

Además, la HB 1105 requiere que el Departamento Correccional de Georgia comience en octubre a publicar informes en su sitio web cada 90 días sobre el estado migratorio, los delitos y los países de origen de los reclusos que no son ciudadanos estadounidenses.

Nueva ley añade 18 delitos menores que requieren fianza en efectivo

Kemp también firmó una nueva ley el miércoles que, según los defensores de la reforma de la justicia penal, provocará más hacinamiento en las cárceles para personas que no pueden pagar la fianza y obligará a muchos otros a pasar más tiempo encerrados antes de poder comparecer ante un juez.

Según la ley, un sospechoso debe presentar una cantidad específica de dinero o propiedad como garantía si se le acusa de un delito estatal punible con cárcel o prisión. Los partidarios dicen que el proyecto de ley pretende reducir el número de personas que no se presentan a los tribunales y que tienen más probabilidades de reincidir después de ser liberadas de la cárcel con una fianza firmada.

La nueva ley significa que se requerirá una fianza en efectivo para 30 cargos adicionales, incluidos 18 delitos menores como robo, invasión de propiedad ilegal y falsificación.

En Georgia, un juez tiene la discreción de determinar el monto de la fianza teniendo en cuenta la capacidad de pago de un individuo.

La legislación ha sido criticada como una medida respaldada por los republicanos que va en contra de los avances logrados en la reforma del sistema de justicia penal de Georgia bajo el exgobernador republicano Nathan Deal.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Georgia dijo que el proyecto de ley crea un sistema de justicia de dos niveles basado en la riqueza. "La SB 63 es cruel, costosa y contraproducente", dijo la ACLU en un comunicado. “Las investigaciones muestran que llevar a la gente a la cárcel sólo aumenta la delincuencia y los costos para los contribuyentes y, sin embargo, Georgia encarcela a un porcentaje más alto de su población que cualquier otro estado del país. La SB 63 refuerza esa posición, obligando a aún más personas a languidecer en la cárcel porque son pobres o tienen enfermedades mentales”.

El proyecto de ley también prohíbe a organizaciones benéficas, corporaciones e individuos donar a fondos de fianzas en efectivo más de tres veces al año a menos que se registren como una compañía de fianzas.

Los defensores de la reforma de la justicia penal dicen que las nuevas restricciones a los fondos de fianza en efectivo benefician a una lucrativa industria de fianzas que mantiene los honorarios de la fianza incluso después de que se desestiman los cargos o se absuelve a una persona de culpa.

El Departamento de Policía de Atlanta fue criticado el verano pasado después de arrestar a varios organizadores con un fondo de fianzas de Atlanta que utilizaron donaciones para rescatar a los manifestantes que luchaban contra un planeado Centro de Capacitación en Seguridad Pública de Atlanta. Los organizadores del Fondo de Solidaridad de Atlanta fueron arrestados por cargos de lavado de dinero y fraude, una medida que muchos criticaron como venganza por apoyar el movimiento “Stop Cop City” que protesta por la construcción del centro.

El Bail Project dijo que la SB 63 perjudicaría a los georgianos necesitados de bajos ingresos al restringir severamente las organizaciones caritativas de fianzas.

“Al limitar la discreción judicial a través del requisito de que se establezca una fianza en efectivo para una variedad de delitos menores, y al restringir a las organizaciones benéficas de fianza, iglesias e individuos para que apoyen a los miembros de su comunidad con asistencia para la fianza, la SB 63 impulsará el encarcelamiento masivo y al mismo tiempo eliminará un salvavidas para georgianos empobrecidos que están encarcelados únicamente porque no pueden pagar la fianza”, decía el comunicado del Bail Project.