Basándose en la normal secuencia de un proyecto minero y con la ayuda de inteligencia artificial se puede estimar que hacia el año 2034 tendríamos inversiones mineras comparadas a cinco Quellavecos. Sin embargo, tras el 2035 solo nos quedamos con los 75 proyectos de exploración minera. Por ello, tenemos que tener una visión de largo plazo.

Así lo afirmó el ingeniero Jorge Soto Yen, catedrático de la Escuela de Ingeniería de Minas de la Universidad Mayor de San Marcos, durante una conferencia magistral en el marco del VI Congreso Internacional Macro Sur Minero-COMASURMIN, que se llevó a cabo en Moquegua.

Soto agregó que a partir del 2027, podremos apreciar la aparición de proyectos nuevos por un valor de 4 millones de dólares.  Al 2028, 4 mil millones y al 2030 alcanzaremos el pico de 6 mil millones de dólares de inversión minera. “Eso será una fuente importante de recursos para las regiones”, añadió.

Cabe mencionar que actualmente, en 2024, contamos con 74 proyectos de exploración minera, por un valor de más de 600 millones de dólares. De ellos, el 39% son de cobre y el 30% de oro.

En el horizonte más cercano, entre 2025 y 2026, destacarán las inversiones de Pampa de Pongo y Tía María. Por su parte, en 2034, Michiquillay, La Arena, Ampliación Ilo y Cuajone pueden entrar en desarrollo.

Soto, quien fue exdirector general de Minería, explicó que su análisis para determinar las inversiones sostenibles al 2034 se basan en la secuencia de desarrollo de un proyecto minero. Es decir, el tiempo promedio en la toma de decisión de las empresas de continuar un proyecto desde la etapa conceptual, prefactibilidad, factibilidad, ingeniería de detalle y construcción

Del mismo modo, se toman en cuenta los tiempos de aprobación que demandan estos proyectos en el Estado, desde la aprobación del instrumento ambiental por Senace hasta la autorización de construcción, funcionamiento de mina y planta.

“Con esta información se aprovecha la IA para definir las inversiones año a año, con ciertos márgenes de error posibles que pueden presentarse en el proceso de aprobaciones y autorizaciones de dichos proyectos. Todo ello siempre y cuando se cumplan por ambas partes (empresa y estado) sus políticas de inversión y políticas de gestión de procedimientos de las entidades respectivas”, precisó.

Manifestó que el país necesita que la inversión continúe. “Es claro que tenemos que trabajar todos los actores pero debemos ser ejecutivos. Es decir, si tenemos aprobado un proyecto debemos ejecutarlo. Y si le llega un proyecto a la autoridad competente, su función es evaluarlo y aprobarlo”, explicó.

Además, sostuvo que la aprobación de un proyecto minero es responsabilidad de la compañía minera. Para Soto, una aprobación de un proyecto es un tema administrativo, pero que constata las obligaciones del privado.

Políticas mineras, académicas e institucionales

Para lograr desarrollar los proyectos e inversiones mineras es indispensable la implementación de políticas mineras, académicas e institucionales.

Soto indica que las Políticas Mineras que deben asegurarse son: Estabilidad Jurídica y Tributaria, a través de un marco legal claro y estable, con seguridad y simplificación de trámites; Educación, para invertir en capacitación y desarrollo de talento local; Responsabilidad Social y Ambiental, para el debido cumplimiento de estándares; Infraestructura, a través de un sistema ferroviario, carreteras, puertos y energía; Incentivos fiscales, para la promoción de proyectos de exploración, refinerías y desarrollo minero.

En cuanto a Políticas Académicas estas son Financiamiento, proyectos de investigación, becas y subvenciones; Acceso Abierto, a publicaciones y datos de investigación para el uso del conocimiento; Reconocimiento y recompensas, para investigadores según logros y avances; Capacitación continua, desarrollo profesional para investigadores; Colaboración institucional, para alianzas entre universidades e intercambio de conocimientos; Infraestructura, construcción de laboratorios, bibliotecas y acceso a bases de datos actualizadas.

Cabe mencionar que en el periodo 2011-2021 las universidades han recibido 2,440 millones de soles (canon, sobre canon, regalías mineras, petroleras, gasíferas). Las regiones de Ancash, Arequipa, Cajamarca y La Libertad concentran el 55,5% del canon y regalías; Tacna, Moquegua, Cusco, Ica y Puno el 30%; Apurímac, Lima, Pasco, Junín, Ayacucho y Huancavelica el 13% y el resto de las regiones suman 1.2%.

Para 2022 y 2023 las universidades recibieron aproximadamente 829 millones de soles. En el Perú funcionan 24 Escuelas de Minas a nivel nacional, de las cuales 17 son públicas y  7 son privadas.

Por último, el especialista recomienda la instauración de Políticas Institucionales como: Participación en las políticas mineras del país, para aportar en la mejora de leyes y regulaciones; Transparencia y rendición de cuentas, para asegurar beneficios locales para las comunidades del entorno de las operaciones mineras; Monitoreo y seguimiento de Normativa Ambiental y Social, para su cumplimiento; Investigación, Desarrollo e Innovación, que propicien el uso de tecnologías limpias, y minimicen el uso de recursos naturales, agua y energía.