Como línea general, el Estado Dominicano establece al gas natural y otros combustibles amigables al medio ambiente como combustibles de transición

Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, quien cuenta con más de dos décadas de experiencia en el sector eléctrico nacional, considera que el gran fallo en la generación y distribución de la energía en el país ha sido la continuidad en la planificación y la previsión en la ejecución. Esto ha llevado a la toma de decisiones de largo plazo basadas en situaciones de corto plazo. Las infraestructuras eléctricas y los planes de mejora comercial del sector requieren no solo inversiones, sino también tiempo en su ejecución y maduración para obtener los resultados.

“Nuestras proyecciones indican que para el año 2026 el país consumirá 5000 Gw/h más que en la actualidad, para poder suplir debemos de empezar hoy, y es la razón por la cual desde el gobierno hemos adjudicado procesos de licitación para cubrir esa demanda, y a la vez tomando en cuenta la gradualidad de este crecimiento”, señala Astacio.

Asimismo, afirma que en el ámbito de la distribución han diseñado un plan de mejora de largo plazo, en el cual definieron no solo la inversión y las acciones requeridas para alcanzar las metas puntuales marcadas por el pacto eléctrico, sino las necesidades que tendrá la República Dominicana de cara a la próxima década.

Siguiendo las instrucciones del Presidente de la República, en términos medioambientales, y en alineación con el fomento y desarrollo del sistema eléctrico y la eficientización de la industria, desde las Empresas Distribuidoras en estos casi dos años han desarrollado un plan de contratación de los proyectos renovables con concesión definitiva. Bajo el marco de la normativa vigente y tomando como precios máximos los establecidos por la Comisión Nacional de Energía a la fecha han contratado más de 650 Mw en energía renovables, más que en los anteriores 13 años.

La creación del Consejo Unificado de las Edes planteó la figura del Estado empresario, ¿cuáles han sido los efectos de esta visión y los retos enfrentados hasta ahora?

El Consejo Unificado de las EDES, ha sido un mecanismo de racionalización de la administración de las tres distribuidoras estatales, las cuales no obstante de tener el mismo propietario, el mismo objeto, social y la misma actividad económica, actuaban como islas desperdiciando las sinergias operacionales que presentan y las ventajas en economías de escala que pueden alcanzar.

Esta decisión del Presidente de la Republica ha permitido, consolidar una estrategia de manejo financiero que ha tenido un impacto directo en las finanzas públicas, como lo reconociese Fitch Ratings a principios de este año, de igual forma ha permitido generar economías de escala tanto en términos de costos de adquisiciones hemos logrado racionalizar los costos por acometida de cliente en cerca de un 40 % y a la vez nos ha permitido mantener unos gastos operacionales dentro de los parámetros establecidos en los presupuestos, no obstante el incremento de precios de materias primas.

Pero, sobre todo, el actuar en una estrategia conjunta y, lógicamente, el apoyo irrestricto del Gobierno Central ha permitido que el suministro eléctrico nacional llegue a cerca del 99 % durante el primer semestre de este año, con una reducción de las pérdidas de energía cercanas al 3 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Ahora bien, el mayor reto que enfrentamos es el del cambio de cultura, pasar de ser aquellas islas con intereses dispares a ser un grupo de empresas con una operación armoniosa y enfocada en la excelencia en el servicio a nuestros clientes.

¿Concretamente en la República Dominicana, considera usted que la apuesta por la energía limpia y renovable solucionará la fragilidad que arrastra desde hace años el sistema eléctrico nacional?

Las energías renovables constituyen uno de los pilares definidos por la política energética del Estado Dominicano y presenta grandes beneficios para el país dado positivo impacto en el medio ambiente, así como representan el camino a la independencia energética. Ahora bien, dado el estado de la tecnología actual y nuestra condición insular, el camino a la concreción de un sistema robusto requerirá también del incremento de la capacidad térmica del sistema para poder suplir los requerimientos de electricidad crecientes de la población y de la economía nacional, claro está apostando por los combustibles que menor impacto ambiental.

Es por este que el Presidente de la República ha definido como línea general de la política energética nacional, un futuro hacia las energías renovables teniendo al gas natural y otros combustibles amigables al medio ambiente como combustibles de transición.

Punta Catalina es un tema álgido en el país, ¿Tienen proyecciones sobre el impacto de esta central termoeléctrica en el aire, la salud y la economía? Si la meta es la descarbonización de las fuentes de energía, ¿cuál es el futuro de Punta Catalina?

Mas allá de las consideraciones que pudiesen tenerse sobre la decisión de su construcción, Punta Catalina es una realidad en el sistema eléctrico nacional que ha de ser operada de acuerdo con los criterios de excelencia operacional en centrales de este tipo. Su impacto medio ambiental entra de los criterios razonables y esperables para este tipo de tecnología y tengo la certeza de que su actual administración está comprometida con su mejora continua.

En un país con requerimientos crecientes de electricidad, lo mejor es que esta central como todas las demás del sistema operen de manera adecuada, extendiendo su vida útil al máximo, ahora bien, el futuro del sistema sí debe de estar enfocada en fuentes menos invasivas al medio ambiente.

El uso de combustibles fósiles para la generación de energía empeora el cambio climático, aumentando la temperatura, que a su vez dispara la demanda eléctrica. Esto parece un círculo que no tendrá fin. ¿Cuál considera usted que debe ser la hoja de ruta para encontrar la solución?

Este es uno de los grandes dilemas de la sociedad actual, ya que la electricidad se ha convertido en el servicio de base que permite el acceso a los demás servicios públicos, lo que hace que en todo el mundo su consumo crezca de manera exponencial.

Esto sumado a que el estado de la tecnología no permite que naciones como la nuestra pueda cubrir todas sus necesidades sobre la base de fuentes 100 % renovables, implica que debemos de ver el futuro no como una disrupción, sino como una transición. En la que debemos de generar incentivos para el incremento de las fuentes renovables, así como el desarrollo de tecnologías de almacenamiento de electricidad, mientras llevamos la matriz de generación hacia los combustibles de menor impacto.

Desde el punto de vista legal y regulatorio, ¿qué es necesario incluir en la legislación para impulsar la implementación de la energía renovable? ¿Existen trabas legales?

Más que trabas, hoy día lo que tenemos es que actualizar nuestro régimen regulatorio a nuevas a las nuevas realidades tecnológicas. Debemos recordar que la ley 57-07 respondía a otra etapa de desarrollo tecnológico en las que la única forma de desarrollo era esquema de compensación a base de primas y de incentivos fiscales. Hoy estamos ante una realidad que permite la libre competencia en el mercado por los distintos puntos de conexión al sistema.

Por otro lado, es necesaria la regulación de las nuevas tecnologías que irrumpen en el escenario, como son las distintas formas de almacenamiento o la transición hacia la movilidad eléctrica.